14 de mayo de 2021
Cómo es ser abogado del ámbito digital en América Latina
Con la transformación digital de varias empresas y el aumento de startups en plena pandemia, los abogados corporativos especializados en tecnología están teniendo un buen momento. Se trata de profesionales que deben estar familiarizados con el lenguaje de programación y ser altamente versátiles. La revista América Economía consultó a María Paula Rennella y Gabriela Marsiglia para analizar estos cambios.
Por Daniela Arce -Publicado en: América Economía
nserta hace más de 13 años en el derecho digital, la abogada Lia P. Hernández, fundadora y directora de Legal IT Abogados, primera boutique legal en Panamá especializada en Derecho Digital, ha sido testigo del aumento de las asesorías legales en materia digital durante la pandemia. La ejecutiva ha visto cómo el derecho digital en el mundo de la abogacía ha evolucionado, y aunque hayan pasado los años y ahora estemos frente a una “explosión” de la transformación digital, aún existen barreras en su país.
“Es difícil en un país como Panamá, donde acaba de entrar en vigor una ley de protección de datos personales, pero no tenemos muchas regulaciones en materia tecnológica. Se concibe que los abogados de ciertas áreas existen para estudiar y hacer trámites o gestiones a sus clientes de esas áreas. Pero sin leyes en materia tecnológica o que inciten este tipo de temas en el país es muy difícil crear esta cultura”, señala Hernández, quien hace ocho años cofundó Ipandetec, organización sin fines de lucro que promueve el uso y regulación de las TIC y la defensa de los Derechos Humanos en el entorno digital.
Tanto empresas medianas como multinacionales, incluidas las startups, comenzaron a acercarse a abogados corporativos −que se han especializado en materias como la sociedad de la información, la protección de datos y la propiedad intelectual e industrial, entre otras cosas− para consultarles por temas que van desde información para llevar a cabo proyectos con innovación en el mercado de los criptoactivos y tecnología blockchain hasta protección de datos personales y contratos tecnológicos.
En general, las consultas pueden ser variadas, porque el ámbito tecnológico es bastante amplio. Según explica Hernández, “el derecho digital está muy alineado con temas mercantiles y derecho administrativo. Muchos requieren permisos del Estado, pero también realizar transacciones o acuerdos entre clientes o posibles socios, donde entra el derecho mercantil, contratos, relación de cláusulas y documentos para poder tener relación con proveedores, clientes y futuros inversores, una serie de actores, no solo startups y el CEO”.
“Requieren apoyo en temas puntuales vinculados a proyectos de transformación digital en las organizaciones, por ejemplo, con la implementación de seguridad de la información y protección de datos, firma electrónica, entre otros temas”, señala el abogado chileno Andrés Pumarino, con experiencia en el sector de la tecnología y socio de Legaltrus, oficina informática legal especializada en temas de derecho informático.
Además, el abogado agrega que han visto que algunas empresas chilenas que quieren vender en Europa enfrentan diversas exigencias legales que les exigen adecuar sus políticas y procedimientos a nuevos requerimientos como lo es el Reglamento General de Protección de Datos de Europa (RGPD).
Fernando Tesón, jurista digital de la firma española de abogados Vicox, explica que sus clientes presentan proyectos, la mayoría de las veces con base en blockchain y criptoactivos. De esta forma, “formamos parte del proyecto de los clientes como si fuéramos un departamento legal in house, beneficiando a los propios proyectos con la utilidad de todo el equipo de nuestra firma y a nosotros con los mecanismo y herramientas que ofrecen los clientes. En general, nos dedicamos a acompañar a los clientes desde sus inicios a nivel regulatorio y compliance hasta la salida al mercado y las gestiones derivadas de la propia actividad”.
“Compañía digital”
Pero la pandemia no solo ha aumentado el número de requerimientos y consultas desde las empresas, sino que también ha generado que las firmas de servicios jurídicos profesionales se encarguen de acompañar y asesorar a los clientes en la transformación digital.
Junto con la consejería, es clave la compañía que se les puede brindar. La abogada Lia P. Hernández explica que los emprendedores buscan “el acompañamiento de un asesor legal que realmente los entienda y que se acople a sus necesidades”.
Sin embargo, en esta búsqueda de profesionales jurídicos que puedan orientarlos en estos temas, muchos emprendedores iniciales acuden a grandes despachos de abogados que les facturan como si fueran una multinacional. Para Hernández, este es un clásico problema que afecta a los que no tienen los ingresos suficientes. Y ahí, la abogada explica que se ha encargado de atender las necesidades de los emprendedores.
Pumarino complementa diciendo que “se debe tener empatía con tu contraparte. Si es alguien del mundo de la tecnología o de la auditoría informática, se tienen que considerar aspectos sobre su lenguaje y las materias que manejan, así como los estándares que utilizan, sean normas ISO/IEC y otras más específicas”.
Tecnología, necesidad básica de las facultades de derecho
El informe “Desarrollar un plan para el futuro de la educación jurídica global”, de la International Bar Association (IBA) y la Law Schools Global League (LSGL) −para el cual se consultó a más de 400 colegios de abogados, facultades de derecho y otras instituciones jurídicas− define los desafíos clave que enfrentan las facultades de derecho a nivel mundial. Y, justamente, los retos tecnológicos figuran entre estos, así como la internacionalización y la gestión de la abogacía.
Si bien la tecnología era una tendencia en el ámbito legal antes del COVID-19, ahora ha tomado forma y es una necesidad básica para las facultades de derecho. Según el informe, algunas universidades en América Latina están usando la tecnología como una herramienta, mientras que para otras es parte de la educación jurídica. Por esta razón están invirtiendo y haciendo esfuerzos para desarrollar soluciones tecnológicas que mejoren los métodos de enseñanza.
En cuanto a la oferta académica, “se está avanzando al ofrecer cursos de pregrado en línea, aprendizaje mixto para programas de pregrado y posgrado, proyectos de investigación y laboratorios de derecho sobre la relación entre tecnología y derecho. Algunas otras iniciativas incluyen grupos de estudio (piratas informáticos legales) y piratas informáticos relacionados con la educación jurídica”, se indica en el informe.
“Muchas facultades de derecho en Chile y en América Latina han comenzado a ver que requieren entregar nuevos conocimientos a sus alumnos y egresados. En los últimos años hemos visto que han aparecido diversos programas especializados en temas de derecho y regulación de la tecnología. Probablemente, veremos más programas a nivel de postítulo y posgrado en la región, porque en Europa estas materias se vienen enseñando desde hace más de 20 años”, dice Andrés Pumarino.
A esto, Elisa Walker, abogada del estudio jurídico Sarmiento & Walker, indica que “el conocimiento del uso de tecnología es esencial para un abogado o abogada. Por lo mismo, tan importante como entender la regulación del derecho civil, comercial y procesal, es no ser un analfabeto digital, así como hablar inglés. Las Universidades deberían asegurar que en su malla curricular ofrezcan ramos de nivelación digital”.
Desde España, donde la tecnología ya ha irrumpido en los despachos de abogados desde mucho antes que se comenzara a desarrollar en nuestra región, Soledad Atienza, decana de IE Law School de IE University, indica que dentro de las prácticas jurídicas, la formación en reestructuraciones empresariales es una de las más demandadas. “Gran parte de la formación requerida hoy en día está orientada a la adaptación del negocio de la abogacía en sí, es decir, la gestión de firmas de servicios jurídicos y a la inmersión digital de las mismas”, explica Atienza.
Manejar el lenguaje digital
El área denominada legaltech, uso de tecnología y software en el entorno jurídico, que engloba tanto la tecnología para el Derecho como el Derecho de la tecnología, se ha comenzado a abrir camino en la región, pero aún es incipiente la digitalización para mejorar los estándares de productividad.
Tanto Pumarino como Gabriela Marsiglia, directora de Alumni de la Facultad de Derecho de la U. Austral y socia de Digital Ius, estudio boutique especializado en la regulación y el desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones, coinciden en que los abogados deben mejorar su servicio e implementar nuevas tecnologías, con el fin de modernizar su trabajo y así aumentar la eficacia de sus tareas.
Marsiglia asegura que estas herramientas “favorecen el desarrollo de modelos alternativos de prestar servicios jurídicos para el ejercicio de la abogacía. Hay incluso plataformas que prestan servicios jurídicos cuyos titulares, ni siquiera son abogados”.
Aunque la adopción de la tecnología sea algo incipiente en la región, es posible ver cómo las oficinas de abogados están haciendo esfuerzos para renovarse. Mientras la plataforma colombiana Digitalaw se creó para que pequeñas empresas y emprendedores pudieran acceder a sólo un clic a servicios legales enfocados en fintech, blockchain, negocios digitales e innovación; la herramienta digital mexicana Lucius Report genera reportes de due dilligence mediante la inteligencia artificial.
Como la tecnología no solo está impactando a las empresas que acuden a las firmas de abogados, sino que también a estas mismas, los abogados deben estar actualizándose constantemente, desarrollando determinadas habilidades y manejándose en nuevos conceptos y contenidos. Esto les permite dominar el mismo lenguaje que manejan los emprendedores o quienes lideran las empresas tecnológicas.
Se busca que comprendan la tecnología, sin necesariamente llegar a ser expertos. Se requiere que estén familiarizados con estos temas para que puedan hablar el mismo idioma que sus clientes y poder explicar el hecho técnico ante un juez u otros operadores jurídicos, por ejemplo.
Según indica Tesón, hay que ser versátil dentro de nuestra especialización, por lo que “debemos ser capaces de entender las preocupaciones de nuestros clientes y debemos ser capaz de entender sus ideas”.
Por esta razón, los abogados que se dedican a temas digitales suelen tener conocimiento en leyes que crean un componente digital, saber cómo funcionan las redes sociales y dominar algunos lenguajes de programación como Python, porque esto les facilita mucho su trabajo.
“Siempre invito a mis compañeros a interesarse por programar y aprender lo básico, ya que facilita mucho nuestro trabajo. Además, dentro de nuestra especialidad, existen múltiples términos que pueden desconcertar a cualquiera y es muy importante saber de que se está hablando en todo momento”, dice Tesón.
Otra potencialidad es desarrollar una mente sintética, propone María Paula Rennella, directora ejecutiva de la Diplomatura en Derecho 4.0 de la Universidad Austral, quien señala que “esto tiene mucho sentido si consideramos la enorme cantidad de información que hoy tenemos disponible y lo valioso que es tener la capacidad para recabarla, comprenderla, evaluarla y saber agruparla para darle sentido”.
Rennella también indica que “es necesario tener la capacidad para seguir aprendiendo y la flexibilidad cognitiva para hacerlo en forma rápida, además de tener una formación profesional híbrida que facilite conjugar el conocimiento del derecho, la gestión empresarial −para entender mejor el negocio del cliente o para gerenciar nuestros proyectos legales−, la tecnología y habilidades blandas”.
Retos y oportunidades
El camino se está abriendo para los abogados digitales, quienes tienen varios retos por delante. Es por esto que se está pasando de un trabajo más artesanal a otro más dinámico y escalable, con el uso de la tecnología, donde los problemas legales son muchas veces distintos.
A eso se suma que si bien la transformación digital se aceleró durante la pandemia y se han ido sumando cada vez más empresas a este proceso, los expertos sugieren no apresurarse en la implementación de herramientas digitales.
Entre los impactos que se observan para la industria está la inteligencia artificial y su necesidad de regulación. Según Tesón, “lo vemos con blockchain y todo el tema de criptoactivos. Es un lujo poder asimilar la regulación ya existente a estas nuevas herramientas, así como desarrollar, dentro de nuestras competencias, una opinión fuerte y certera sobre lo que terminará siendo”.
Marsiglia añade que “la inteligencia artificial tiene múltiples lados luminosos, pero también oscuros. Tenemos que repensar esto, porque las nuevas tecnologías atraviesan estructuras jurídicas tradicionales como la personalidad jurídica, la responsabilidad civil y penal, los contratos, la propiedad intelectual, los delitos, la protección de datos, etc.”.
De esta forma, aunque sea pequeño, el mercado legal está generando nuevas oportunidades y demanda por profesionales jurídicos especialistas en temas digitales, con la modernización de los despachos y el acceso a mayor información.