Un estudio de la Universidad Austral expone que, ante una sociedad cada vez más exigente con sus líderes, el nivel de capacitación de ministros y gobernadores se elevó a partir de diciembre de 2015


¿Es necesario tener un título universitario para acceder al poder? En la Argentina parece que no, al menos por ahora. Según especialistas, la sociedad es cada vez más exigente y hará cambiar la tendencia.

Hoy, sólo el 54% de los intendentes del Gran Buenos Aires tiene educación superior. En cargos de más responsabilidad, sin embargo, el porcentaje es mayor: el 92% de los gobernadores tiene un título y el 100% de los ministros nacionales es profesional. Los datos se desprenden de un relevamiento de la Universidad Austral, que arroja que el 81% de los políticos más influyentes del país posee algún tipo de formación.

El dato marca un incremento del 4% en la profesionalización de los dirigentes desde el cambio de gobierno y detalla que, en su mayoría, los políticos son abogados, economistas o contadores, aunque hay algunas sorpresas.

Pocos arriesgarían, por ejemplo, que el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, es veterinario; que la gobernadora de Catamarca, Lucía Corpacci, es cirujana; que el ministro de Defensa, Julio César Martínez, es agrónomo, o que el ministro de Turismo, Gustavo Santos, estudió Letras (aunque después hizo una maestría en Políticas de Estado). Según Alfonso Santiago, el director de la Escuela de Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Austral, hay una tendencia creciente en la Argentina y el resto del mundo que muestra a las sociedades más estrictas a la hora de elegir a sus representantes.

“La legitimidad de los dirigentes se asocia cada vez más a la calidad de la gestión y a la capacidad para resolver los problemas. Se valora la capacitación técnica y práctica para ejercer la política”, dijo Santiago, quien señaló que en el futuro cercano tener un título universitario “va a ser una ventaja competitiva importante” si de acceder a un cargo se trata. “Del mismo modo que para trabajar en el sector privado es cada vez más valioso tener una Maestría en Administración de Negocios (MBA, por sus siglas en inglés), en el ámbito público los estudios serán importantes, más que nada los específicos. Vamos a una tendencia progresiva de este tipo en la política”, agregó.

Según el relevamiento, el porcentaje de ministros y gobernadores profesionales aumentó con la llegada de la administración de Mauricio Macri (un ingeniero) al poder. En el caso de los ministros, hoy la totalidad (22) tiene título universitario, mientras que en el último tramo del gobierno de Cristina Kirchner (una abogada), los funcionarios de ese grupo eran el 88%. En el caso de los jefes provinciales, en la actualidad el 92% tiene un diploma, mientras que antes del cambio de gobierno ese porcentaje era de 88 por ciento.

Foto LA NACION

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En tanto, el número de intendentes del Gran Buenos Aires con estudios fue el único que disminuyó desde fines de 2015. Hoy, sólo el 54% pasó por una universidad, mientras que antes el porcentaje era de 58 por ciento.

Para Gerardo Sanchis Muñoz, profesor de la Escuela de Política de la Austral, este último dato es grave. “Es preocupante constatar que muchas cabezas de administraciones difíciles como las del Gran Buenos Aires apenas ostentan la escolaridad mínima obligatoria”, sostiene en un análisis de los resultados del relevamiento.

Pero para el académico, el problema de la poca profesionalización de cargos como las intendencias es mucho más profundo, casi endémico, en un Estado sumamente politizado. En su opinión, la administración pública que sirve para “asistir al político”, a través de sus consejos, experiencias y especializaciones, agoniza en la Argentina. “Nuestro país es anómalo en el mundo. La carrera pública está congelada desde hace décadas, los concursos de ingreso son casi inexistentes o están fraguados, y las pocas carreras públicas que quedan están en jaque permanente de politización”, cuestiona.

En la política argentina hay varios casos de dirigentes que decidieron obtener un título universitario una vez que estaban posicionados como líderes de peso en sus propios espacios. Los casos más recientes son el del ex gobernador bonaerense Daniel Scioli, que en plena campaña presidencial en 2015 se recibió de licenciado en Comercialización, y el del diputado nacional Sergio Massa, que en 2013 -también en campaña- terminó los estudios de Derecho. En su momento, los dos dirigentes lo mostraron como una cuenta pendiente en sus vidas que acababan de resolver.

Graciela Camaño es otra dirigente que terminó sus estudios hace poco. En 2011, la actual diputada nacional por el Frente Renovador rindió la última materia de Derecho en la Universidad de Morón. Para ella, llegar a la meta era “imprescindible”. En diálogo con LA NACION, la dirigente admitió que se decidió a tener el título porque la política se lo requería. “Me puse a estudiar porque había momentos en los que yo tenía una opinión lógica, pero no podía avalarla con un diploma. Por eso me sacrifiqué y estudié”, expresó.

En tanto, teniendo en cuenta los casos de líderes que llegan a cargos electivos sin tener estudios terciarios o universitarios, como sucede en un grupo de intendentes bonaerenses, o como ocurrió con el caso del ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva en Brasil, Camaño destaca que “a veces la conducción es innata” y que eso es un mérito. “La política no debería tener ese requisito [de formación] porque si no, tendríamos una conducción política de elite”, aclaró. En ese sentido, Santiago remarcó que aunque la tendencia es contar cada vez con más políticos profesionales, “no es imprescindible tener estudios y tenerlos no garantiza una buena gestión”.

Mientras avanza en su carrera para recibirse de abogado en la UBA, el subsecretario nacional de Juventud, Pedro Robledo, también relativiza que sea condición excluyente tener un diploma. “Me encontré con gente que no tuvo posibilidad de acceder a estudios, pero que tiene capacidad de trabajo, y me encontré con gente con título a la que le falta el título de patear la calle”, subrayó.

Nota original en LA NACION