7 de febrero de 2017
Gerardo Sanchis Muñoz, profesor de la Escuela de Política, Gobierno y Relaciones Internacionales, escribió una nota de opinión para Clarín.
Cómo mejorar la idoneidad del Estado
No es novedad que estamos en la Era del Conocimiento. Los que toman decisiones lo hacen en un mundo dinámico de máquinas robotizadas, sistemas informáticos y redes de conectividad, en donde la información disponible se multiplica en avalancha. Este nuevo entorno impacta al sector público de manera contundente: los ciudadanos tienen demandas cada vez más sofisticadas, y capacidades digitales para exigirlas instantáneamente.
Peor aún: los desafíos de las políticas públicas se hacen crecientemente complicados, sensibles y urgentes, como por ejemplo la marginalidad irreductible, el colapso educativo, el calentamiento global y cambio climático, el narcotráfico y el terrorismo internacional, y la lista sigue, escalofriante.
En este contexto, la preparación de los líderes públicos y funcionarios nunca será demasiada, ni suficiente. Por eso es preocupante constatar que muchas cabezas de administraciones difíciles como las del Gran Buenos Aires, apenas ostentan la escolaridad mínima obligatoria. Aunque, por supuesto, esto es únicamente lo visible del iceberg, y bajo la línea de flotación hay un problema mucho más complejo, e incluso contradictorio.
En una república democrática, la legitimidad de acceso al mando la otorga la representatividad política, verificada a través de las elecciones. Presidentes, gobernadores e intendentes, personifican al mandato popular, y no hay requisitos legales que los obliguen a ostentar títulos académicos o poseer capacidades técnicas. Incluso en algunas naciones, la “profesionalización” de la política –en tanto que profesión vitalicia- se está viendo como un riesgo para la representatividad democrática genuina. Para asistir al político -ocupación a veces circunstancial que recae sobre un ciudadano que puede haber ejercido cualquier profesión previa-, está la administración pública. Un médico, un sindicalista o un actor puede ser Presidente, porque tiene el respaldo de un Estado. La burocracia permanente preserva y nutre el saber gobernar, y uno de sus principales roles es aconsejar, a partir de su experiencia y especialización, al mandatario de turno.
Excepto en la República Argentina. Nuestro país es anómalo en el mundo. La carrera pública está congelada hace décadas, los concursos de ingreso casi inexistentes, o fraguados, y las pocas carreras públicas que quedan, están en jaque permanente de politización. No se conoce un país que construyendo cuerpos profesionalizados – Administradores Gubernamentales, Economistas de Gobierno, etc.- los haya “discontinuado”, ¡como si se pensara que la profesionalización ya era excesiva! Hoy la colonización del kafkiano Estado Argentino es casi total. CIPPEC este año ha calculado que un 90% de los cargos de director (nivel más alto de la carrera estable en el Estado) son irregulares, es decir por nombramiento discrecional. No hay país en el mundo que se acerca a este porcentaje de usurpación de cargos permanentes por parte de la política.
Arrasada la burocracia competente en la Argentina, hace algunas décadas se percibió la necesidad de capacitar a los acomodados políticos que en cada cambio de gestión debían reemplazar en una oleada masiva a sus predecesores. Capacitar a los políticos es indispensable, como demostramos en el primer párrafo. Sin embargo, es un absurdo institucionalizar la formación para los nombramientos políticos ilegítimos que debieran ser cargos de planta permanente. Ninguna capacitación reemplaza la experiencia de 20 años de un funcionario especializado.
En los países que no arrastran quebrantos públicos recurrentes y a nivel catastrófico como el nuestro –inseguridad personal y vial, hacinamiento, desnutrición infantil, contaminación, colapso ferroviario y energético, déficit habitacional crónico, etc.-, la dirigencia política tiende a ser competente por necesidad: presidentes, gobernadores e intendentes, y cada uno con sus respectivos equipos de gobierno, deben ser idóneos porque deberán poder dirigir burocracias hábiles y altamente profesionalizadas. Este es la relación virtuosa entre político y burócrata. Si la Argentina pretende quebrar su espiral de decadencia, deberá terminar con el círculo vicioso del Estado colonizado.
