Por Alberto Castells

Para conocer el nivel de formación alcanzado por quienes ejercen altos cargos de gobierno, la Universidad Austral realizó un estudio a partir de una pregunta sugerente: ¿es necesario tener un título universitario para ocupar un cargo político en el gobierno? En su momento, este diario se hizo eco de este aporte académico con un impecable editorial. Pero vale la pena volver al estudio para agregar algunas observaciones, fruto de nuestras reflexiones sobre el mismo tema.

Según el estudio de la Universidad Austral, el nivel de profesionalidad de los ministros se elevó moderadamente a partir del actual gobierno. Para un período de corte comprendido entre el final del gobierno de Cristina Kirchner y la llegada al poder de Mauricio Macri, los datos procesados revelan que el 100% de los ministros actuales ostentan títulos profesionales, cifra algo superior al 88% del gobierno anterior. Son mayoría los abogados, economistas, ingenieros y contadores.

La compulsa ofrece una estadística numéricamente exacta que, sin ningún designio, viene a completar un relevamiento de nuestra autoría para el período de 1916 a 2015: de 554 ministros, 493 habrían alcanzado estudios superiores, con una mayoría de abogados y una minoría de historiadores, sociólogos y periodistas. Sin embargo, el cruce realizado entre los estudios cursados y los cometidos ministeriales detecta una amplísima mayoría de ministros no especializados, esto es, carentes de la versación requerida para entender en las materias asignadas a las respectivas carteras ministeriales.

A la luz de esta sorprendente realidad histórica, la ostentación de profesionalidad total exhibida por un gobierno que “abunda en errores no forzados” abre espacio a dos ejes del estudio que merecen la atención del observador.

El estudio de la Universidad Austral pone la mira en la formación profesional de los ministros, al afirmar que “la calidad de gestión de un funcionario se valora por su capacidad de resolver problemas”. ¿Conocen los funcionarios cuál es la metodología para la resolución de los problemas? Asociar la calidad de gestión a la capacidad de resolver problemas nos parece una posición acertadísima, pero con algo de “quimérica ilusión”. Digamos sin rodeos que el saber político que enseñamos en las universidades se resiente por ser excesivamente teórico y libresco, sin conexión con la realidad e inconducente a la resolución de los problemas. Especialistas en materia de enseñanza-aprendizaje se interesan por el asunto y dan su explicación: nos dicen que en todas las disciplinas del saber la centralidad del conocimiento se está trasladando de la lógica de las asignaturas a la lógica de los problemas. Para agregar que la enseñanza-aprendizaje basada en “nudos problemáticos” alcanza hoy un estatus científico de aplicación imprescindible cuando se trata de abordar el conocimiento en contextos de incertidumbre. ¿Desaparecerán las materias tradicionales reemplazadas por constructos de nueva especie? Advertencia que teóricos y prácticos no deberían despreciar…

La centralidad del estudio de la Universidad Austral apunta a la preparación académica de quienes acceden a cargos en el Estado, anticipando que “serán cada vez más importantes los títulos específicos”. Previsión incuestionable salvo por una retención no escrita: ¿cuáles son los títulos específicos que se pretenden? Un editorial de este diario nos alerta sobre el riesgo de colocar lo público en manos de profesionales especializados -¡”el gabinete de los CEO”!-, que, conocedores de la cultura de gestión desde sus limitadas capacidades, carecerían de la visión integradora de lo político, muy necesaria para el desempeño de los altos cargos ministeriales. Un apoyo para identificar la ciencia superadora nos llega con la autoridad de Giovanni Sartori, quien, a partir de la ingeniería institucional, postula una reinvención de la ciencia política, cuya constelación de contenidos integrados vincula la teoría con la práctica, hermanando en estrechos lazos el saber con el hacer. A esa gran área del saber la llamaremos por su nombre: Ciencia del Estado, disciplina troncal, con no menos de treinta asignaturas en su haber, que ofrece los conocimientos y capacidades requeridos para el desempeño de las altas funciones de gobierno.