16 de marzo de 2018
Marcelo Bermolen, profesor de la Escuela de Gobierno, analizó para La Nación el nuevo índice de Transparencia Internacional.
Una mejora valiosa, pero insuficiente
Un nuevo indicador de percepción de la corrupción elaborado por la prestigiosa organización Transparencia Internacional (presidida por la argentina Delia Ferreira Rubio) ha vuelto a mostrar a la Argentina aplazada a nivel internacional entre 180 países.
Es loable destacar, sin embargo, que la Argentina mantiene una leve tendencia a la recuperación, que alcanza los 39 puntos, mejorando los 36 puntos de la performance de 2016 y escalando del lugar 95 al 85 en una caravana muy apretada de naciones con puntajes similares. Por primera vez se muestra delante de importantes vecinos como Brasil y Colombia, y toma algo más de distancia del lote peor considerado del Cono Sur, que integran Perú, Bolivia, Ecuador, México, Paraguay y la devaluadísima Venezuela.
Si bien la leve mejoría consolida la tendencia favorable por segundo año consecutivo, dejando atrás los 32 puntos de 2015 (por lejos el peor indicador de los últimos años), la tendencia no logra perforar los 40 puntos, que indican la salida de la zona de aplazo y que le permitirían dejar atrás la mitad de tabla y entrar en un ranking virtuoso que encabezan Nueva Zelanda y Dinamarca, con 89 y 88 puntos, respectivamente.
La Argentina se mantiene muy distante de sus vecinos limítrofes Uruguay y Chile, que con pequeños altibajos exhiben una constancia destacable en torno a los 70 puntos (70 y 67 en esta ocasión) y son por lejos los mejor ubicados de América Latina. Desde esa perspectiva la mejora de la Argentina, aunque valiosa y necesaria, sigue siendo insuficiente.
Mientas tanto, nuestro país permanece por debajo del promedio general de los países de toda América, los que en conjunto mantienen un score de 44 puntos, aunque logra descontar diferencias reduciendo la brecha al mínimo de los últimos años.
Desarmar la corrupción estructural que expresan los diferentes rankings internacionales no será una tarea simple ni inmediata. Llevará tiempo y pondrá a prueba la matriz de poder y corrupción que domina a buena parte de la política, el empresariado y la sociedad argentina. Será indispensable insistir en la creación de una Oficina – independiente, ya que el actual diseño de subordinación al propio poder que debe fiscalizar no convence ni a propios ni a extraños. No solo es un deber investigar los hechos del pasado, sino que deviene indispensable asegurar el control de los actos presentes de gobierno. Los casos recientes de denuncias que involucran a funcionarios en ejercicio del poder, en su gran mayoría detectados por investigaciones realizadas por medios extranjeros, exponen la ineficacia de los organismos de control, la ausencia de un protocolo de actuación homogéneo para resolver tales situaciones y una actitud errática de parte de las máximas autoridades.
El gobierno argentino debe profundizar los cambios que viene desarrollando en materia de lucha contra la corrupción, mejora de la calidad institucional, transparencia y acceso a la información pública.
El gobierno argentino debe profundizar los cambios que viene desarrollando en materia de lucha contra la corrupción, mejora de la calidad institucional, transparencia y acceso a la información pública. La actual discusión sobre el contenido de una nueva ley de ética pública que resuelva adecuadamente las situaciones de nepotismo y conflicto de intereses, la entrada en vigor de la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas y los esfuerzos y adecuaciones normativas para obtener una invitación formal de ingreso a la OCDE parecen contribuir al sostenimiento de esa mejora.
Pero no alcanzará con la mera adecuación de las leyes si no se logran vislumbrar los efectos concretos de esos cambios. Porque la calidad institucional define qué nación somos y cómo nos percibe el mundo.
Dr. Marcelo Bermolen | Director del Programa de Calidad Institucional de la Escuela de Gobierno, Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Austral. Especialista en Acceso a la Información Pública, Calidad Institucional y Transparencia Electoral
