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La Argentina sigue reprobada en todos los rankings de corrupción y transparencia

Así lo destaca un completo informe de la Universidad Austral. Hubo algunas mejoras, pero el país está muy relegado a nivel internacional.

Por Eduardo Paladini

Si la causa de los cuadernos de las coimas tuvo hasta ahora mínima repercusión en las encuestas de opinión pública locales, y menos en las de intención de voto, se entiende quizá por qué la Argentina sigue siendo percibida en el exterior como un país corrupto y poco transparente. Con mejoras mínimas en algunos de esos rankings internacionales, pero siempre reptando por el fondo del lodazal en comparación con otros países de la región y el resto de los continentes.

Ese panorama describe un trabajo de la Universidad Austral, al que accedió Clarín. Por segundo año consecutivo, elaboró un completo informe que condensa en 49 páginas datos de distintos organismos: Transparencia Internacional, Banco Mundial, Foro Económico Mundial, Corporación Latinobarómetro y Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Se toman los números más actualizados, en algunos casos del año pasado.

El trabajo, llamado «Indicadores Internacionales de la corrupción en la Argentina 2018«, lo dirigió Marcelo Bermolén, abogado, especialista en acceso a la Información Pública, Calidad Institucional y Transparencia Electoral, y profesor de la Escuela de Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la universidad.

Estas son las principales conclusiones del trabajo:

– «La Argentina sigue reprobada en casi todas las series de indicadores de medición, en materia de percepción de la corrupción o efectividad de las políticas públicas implementadas para su lucha o erradicación, ocupando el lote de países peor posicionados (en el mundo, el continente o la región)».

– «El país sigue por debajo del promedio general de los países de América (o Latinoamérica) aunque ha logrado reducir esa brecha por la suma de mínimas mejoras propias y el estancamiento o empeoramiento de los otros países».

 

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– «Ha mejorado la percepción del estado de derecho, aunque eso no se ha traducido en una mayor confianza en las instituciones, en los sujetos que transitoriamente ejercen sus funciones o en las políticas de combate a la corrupción».

– «La corrupción en la Argentina es de carácter estructural, endémica y transversal. Abarca todos los niveles, poderes y estamentos. Atraviesa a todos los actores sociales y lleva décadas instalada sin que se vislumbre un cambio cultural mayoritario».

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– «El comportamiento ético de los empresarios del país obtiene una de las peores evaluaciones a nivel mundial (puesto 130° sobre 137 lugares). La denominada causa de los cuadernos parece convalidar esa tendencia».

– «Los inversores -y buena parte de la sociedad-, perciben que hay temas coyunturales más graves (económicos y/o políticos) que estarían desplazando transitoriamente la importancia de los temas de corrupción».

 

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– «La disposición a un obrar ético por parte de la ciudadanía frente a la corrupción ajena, se mantiene en niveles altos pese a un ligero descenso (6 de cada 10 dicen que estaría mal guardar silencio, 8 de cada 10 que de hacerlo serían cómplices)».

– «Cuando se trata de obtener algún beneficio -directo o indirecto-, 4 de cada 10 argentinos se muestran dispuestos a tolerar cierto grado de corrupción en la medida que se resuelvan problemas. Idéntica proporción de argentinos que -en 2017- se mostraban con disposición a sobornar, jueces, policías o funcionarios».

– «Uno de cada dos argentinos (56%) percibe que la corrupción se ha incrementado en el último año».

 

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– «Uno de cada dos argentinos (53%) cree que el Presidente de la Nación y todos -o casi todos- sus funcionarios estarían involucrados en actos de corrupción. Ello pone en jaque cualquier posibilidad de liderar exitosamente la lucha contra la corrupción desde la percepción de ejemplaridad, ejercicio de la ética publica y cambio de paradigmas».

– «El primer mandatario y sus funcionarios superan la media latinoamericana de corrupción junto a los empresarios argentinos. No les va mejor a los parlamentarios, la policía o los magistrados que son percibidos con altos índices de sospecha de estar implicados en hechos de corrupción».

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– «La lucha contra la corrupción muestra un fracaso estrepitoso en las dos últimas décadas, lo que involucra al menos a seis administraciones, incluida la actual, que no han conseguido más allá de cambios normativos, modificaciones estructurales cosméticas y variadas recomendaciones, alterar la percepción social del flagelo ni generar la confianza necesaria para producir una transformación cultural, profunda y sostenible en el tiempo».

– «Como ejemplo reciente y revelador de contradicciones -entre el decir y el hacer-, vale recordar la discordancia de haber logrado sancionar una ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas privadas (Ley 27.401) y a la vez permitir a muchas de las empresas que se han declarado participes en hechos de corrupción continuar en licitaciones o proyectos de participación público-privada, más allá de las razones jurídicas o economicistas esgrimidas».

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