14 de julio de 2021
Regulación alimentaria, un bien para todos
Imagen: Documento OPS https://iris.paho.org/handle/10665.2/53013
Por. Manuel Quindimil, director del programa de Regulación de Alimentos y Bebidas de la Universidad Austral.
Es un buen momento para dejar de lado los enfoques que visualizan de manera maniquea la relación del Estado, empresas alimentarias y grupos de la sociedad civil.
En el país se encuentran en estudio del Congreso de la República proyectos de ley que disponen el etiquetado frontal obligatorio como advertencia de alimentos industrializados. Ante este inminente desenlace cabe preguntarse qué estrategia debería desarrollar la industria de alimentos frente a la obligación de que se indique con un etiquetado octogonal a los alimentos con alto contenido en grasas, sodio, azúcar, etc.
La Organización Mundial de la Salud ha promovido el etiquetado frontal a fin de que los consumidores puedan identificar correcta, rápida y fácilmente los productos que contienen cantidades excesivas de azúcares, grasas totales, grasas saturadas, grasas trans y sodio.
Se puede afirmar que, más temprano que tarde, se promulgará en Argentina una ley de etiquetado frontal obligatorio de advertencias. Este sistema, a pesar de que ha generado álgidos debates en los primeros países de la región en que se pusieron en práctica, está aplicándose en Chile, Perú México, Brasil y Colombia. En la actualidad no se discute como política de salud que incentiva dietas más saludables.
Esta tendencia se ve reforzada por la aceptación tácita de la Organización Mundial de Comercio de que el etiquetado frontal no es un obstáculo técnico al comercio internacional. Otro organismo internacional muy activo en esta materia es la Secretaría del Codex Alimentarius, ya que está tratando de concluir la elaboración de estándares internacionales que puedan ayudar a las PYMES a cumplir con estas exigencias.
A medida que se implementaron los diferentes esquemas de etiquetado octogonal, el sector empresarial fue modificando sus iniciales resquemores. En su momento, muchos representantes de los organismos internacionales vinculados a la salud y de algunos miembros de la sociedad civil han considerado como contrincantes a los gremios vinculados a la producción de alimentos en la lucha para disminuir los niveles de obesidad en la región. Pero el sector empresarial ha ido variando sus estrategias ante el establecimiento del etiquetado frontal obligatorio.
En el caso chileno (primer país en implementar este esquema), según un informe del Ministerio de Salud de dicho país, se observó un buen cumplimiento de la regulación en cuanto al uso del sello. De acuerdo a un informe de este año elaborado por Corvalán, C., Correa, T., Reyes, M. y Paraje, G. la información sobre la etapa inicial también muestra que la industria de alimentos respondió reformulando algunos productos alimentarios e innovando en la generación de nuevos productos.
Asimismo, el mencionado reporte señala que se realizaron ajustes a las estrategias de marketing para indicar la inexistencia de advertencias como alimentos más saludables. Incluso, algunas empresas de alimentos junto a los gobiernos latinoamericanos desarrollaron experiencias piloto para fortalecer políticas públicas de salud integrales para reducir los niveles de obesidad, incorporando temas de educación, promoción de la actividad física, y medidas para enfrentar la desnutrición de los sectores más desfavorecidos en los diferentes países.
Las empresas fabricantes y comercializadoras de alimentos han ido interiorizando la necesidad de reducir los niveles de obesidad, a través de la información que los consumidores pueden recabar a través de las advertencias octogonales.
Es un buen momento para dejar de lado los enfoques que visualizan de manera maniquea la relación del Estado, empresas alimentarias y grupos de la sociedad civil. El sector industrial vinculado a los alimentos, más allá de la relación regulador – regulado, debe complementarse y buscar áreas de cooperación en la propia implementación de un sistema de sellos y, más aún, ir más allá para aplicar políticas de salud pública y competitividad para el bien de todos los argentinos.
