6 de noviembre de 2017
Nuestro Profesor de la Escuela de Gobierno, Enrique Cadenas, escribió una columna de opinión para El Cronista sobre: «Políticas públicas basadas en la evidencia».
Políticas públicas basadas en la evidencia
Las políticas públicas basadas en la evidencia son un elemento indispensable para el desarrollo económico y el fortalecimiento institucional de la Argentina. Nuestro país debe mirar con atención e imitar el modelo de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en los cuales la exigencia del uso de elementos empíricos en los procesos de desarrollo de políticas públicas permiten lograr políticas que son costo efectivas y eficientes. Este modelo no pretende reemplazar a la política, sino que busca complementarla, exigiéndole al gobernante que justifique sus decisiones con elementos empíricos y una metodología rigurosa, lo cual permite reducir la arbitrariedad y optimizar el uso de los recursos públicos.
Para lograr cumplir con estos estándares, la Argentina necesita de una profunda reforma regulatoria que apoye un cambio cultural en el modo en el que desarrollan las políticas públicas, exigiendo que cada política cuente con una justificación empírica en la cual se cuantifiquen los costos y los beneficios de la medida y se evalúe su impacto utilizando metodologías científicamente robustas. Este proceso contribuirá a evitar que las decisiones públicas sean el resultado del capricho político y se fundamenten únicamente en la intuición, muchas veces ciega, del gobernante de turno. Al mismo tiempo, le permitirán al gobernante contar con criterios objetivos para elegir la más eficiente entre distintas alternativas y circunscribir el debate político a las cuestiones políticas. Estos elementos objetivos empoderarán también al ciudadano, el cual podrá comprender y cuestionar la mecánica detrás de las decisiones públicas.
La aproximación científica al desarrollo de políticas públicas requiere que los gobiernos se transformen en grandes experimentadores que midan, a través de pruebas piloto o ejercicios empíricos, el impacto de las políticas de forma tal de que aquella que se implemente sea la más eficiente y efectiva. Países como Chile o el Reino Unido lograron insertar esta cultura en sus diseños institucionales a través de la creación de Laboratorios de Gobierno o centros específicos dedicados a evaluar qué es lo que funciona y lo que no funciona.
A la vez, es preciso dotar a los funcionarios públicos de las capacidades y herramientas necesarias para que puedan realizar este tipo de evaluaciones de impacto en sus propios contextos institucionales.
En nuestro país, el éxito de este proceso dependerá de la existencia de un compromiso político de amplio espectro y de una integración entre los distintos ámbitos gubernamentales, la academia y la sociedad civil. Como resultado, la Argentina se verá beneficiada por mejores políticas públicas, mejores instituciones y un debate político de mayor calidad.
En ese sentido, la Maestría en Políticas Públicas (MPP) que dicta la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral recepta estas modernas tendencias de la gestión pública, las que han orientado el diseño de su plan de estudios e inspiran la metodología de enseñanza de sus distintas asignaturas. Se pretende brindar los conocimientos y habilidades para que los profesionales que la cursen cuenten con los necesarios conocimientos, habilidades e instrumentos para diseñar, ejecutar y evaluar el impacto de las políticas públicas.
Para manejarse con soltura en ese ciclo de las políticas públicas es importante la determinación objetiva de la situación de la que se parte, la determinación de las variables fundamentales a tener en cuenta en el problema que se pretende abordar y la elaboración de los indicadores a través de los cuales se medirá la eficacia y eficiencia de la política que se pone en marcha. Las distintas asignaturas, de modo especial las relativas a la metodología de análisis social, brindan las herramientas y entrenan a los alumnos para que estén en condiciones de desarrollarse en una gestión pública fundada en la evidencia y no tan sólo en la ideología o las buenas intenciones.
