25 de junio de 2020
En el Estado, concursos para todos
Por: Ignacio Boulin, Abogado, LLM Harvard, Profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral.
El gigantesco daño que la pandemia está produciendo en la Argentina requerirá un Estado ágil y capaz para encarar la reconstrucción. Pero sin una burocracia profesional y efectiva la reconstrucción será tortuosa. En su discurso de apertura de sesiones del Congreso, el Presidente prometió crear durante 2020 «un cuerpo profesional de servidores públicos formados con excelencia académica, con arraigo a la carrera administrativa y con una mística de transformación del Estado para ponerlo al servicio de la sociedad». Al cuerpo se accedería a través de un concurso nacional.
La propuesta es crucial. Y hay al menos cuatro razones para extenderla a las administraciones de todos los niveles de gobierno. La primera es que el ingreso igualitario y la posibilidad de hacer carrera según el mérito explican, en buena medida, el crecimiento económico de los países -tal como muestra un conocido estudio de Rauch y Evans-. El crecimiento depende del buen gobierno; el buen gobierno requiere no solo líderes políticos aptos, sino también burocracias competentes y efectivas; las burocracias competentes se logran a través de ingreso meritocrático y carrera efectiva.
La segunda razón es que el ingreso meritocrático minimiza la corrupción, según la sólida argumentación de los profesores Dahlström, Lapuente y Teorell. Sin ingreso igualitario, la burocracia no tiene fuerza suficiente para controlar al poder político. Al contrario, depende del poder. La mística a la que se refirió el Presidente existe: es un espíritu de cuerpo, un orgullo de pertenecer que profesionaliza la gestión y facilita el control de las autoridades políticas. De paso, evita escándalos en tareas rutinarias -como, por ejemplo, comprar fideos-. La tercera es que sin concursos hay un fuerte incentivo a que la plantilla estatal crezca a niveles insostenibles. Solo en 2015 el empleo público creció un 4,5%. Si al empleo público se ingresa por la mera discreción de la autoridad política hay un alto riesgo de inundar de empleados el Estado, a costa de los contribuyentes.
El cuarto motivo es que el sistema actual viola el derecho humano de acceso a la función pública en condiciones de igualdad, protegido por nuestra Constitución y por la Convención Americana de Derechos Humanos. Sin concursos el Estado se vuelve campo fructífero para el despotismo del dedo: lo que cuenta no es la idoneidad, sino la cercanía a quien decide. Ya no se empieza a formar parte de la burocracia en razón del mérito y compitiendo en igualdad, sino por afinidad política, confianza, parentesco o cualquier otro motivo no avalado por la Constitución. Así, miles de personas que por vocación o conveniencia quisieran trabajar para un organismo estatal ven truncado su derecho a competir por el puesto (en Mendoza se abrieron 105 puestos a concurso y se anotaron 30.000 personas). Puede ser conveniente que existan ciertos cupos o cuotas positivas para quienes están en una situación estructural de desigualdad, pero la generalidad de los casos requiere un ingreso igualitario.
El problema viene de antiguo. También es, con excepciones, transversal a los distintos partidos. Su exacerbación es, en cambio, reciente y reclama un cambio de raíz. La pandemia resalta la importancia del Estado administrativo. Pero sin administradores que, siguiendo las palabras del Presidente, se movilicen para promover cambios de calidad en el sector público, la salida será muy difícil de encontrar. Para hacerlo, hay un primer paso ineludible: concursos para todos.
