13 de febrero de 2017
El nivel de formación de nuestros funcionarios
La preparación académica de quienes acceden a cargos en el Estado asegura conocimientos y capacidades indispensables para el ejercicio de la función
Es de importancia indudable para la ciudadanía conocer el nivel de formación educativa alcanzado por quienes ejercen altos cargos como funcionarios, así como también resulta significativo saber de qué modo ha ido evolucionando esa capacitación.
Sobre esta significativa cuestión, la Universidad Austral realizó un estudio que partió de preguntar si debería ser necesario poseer un título universitario o superior para ocupar un puesto de gobierno. La respuesta es negativa hasta ahora, pero se observan signos de cambio, por efectos de una sociedad que espera más de sus representantes, de lo cual resulta -como es lógico un grado mayor de exigencia de los votantes sobre los elegidos.
Según los datos procesados por ese estudio, entre los actuales intendentes del Gran Buenos Aires, un número apenas superior a la mitad ha cursado estudios terciarios, mientras que el 92% de los gobernadores del país y el 100% de los ministros nacionales poseen títulos profesionales, mayoritariamente de abogados, economistas, ingenieros y contadores.
Siguiendo esa línea, el informe arroja que el 81% de los políticos más influyentes del país está diplomado.
En algunos casos, la especialidad profesional de los gobernantes puede llegar a sorprender, como ocurre con Gildo Insfrán, gobernador que posee título de veterinario, o con la gobernadora de Catamarca, Lucía Corpacci, que es cirujana, o bien el ministro de Defensa, Julio Martínez, graduado en Agronomía.
Cabe señalar que, cada vez más, la calidad de gestión de un funcionario se valora por su capacidad de resolver problemas, lo que revela la importancia que se le otorga a la capacidad técnica y práctica, como lo destacó Alfonso Santiago, director de la Escuela de Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Austral, quien opinó que, «al igual que en el sector privado, es cada vez más valioso tener una maestría en administración de negocios, en el ámbito público serán cada vez más importantes los títulos específicos».
A propósito de la capacitación en el Estado, resulta destacable la iniciativa impulsada por el gobierno nacional, conocida la semana pasada, en el sentido de que se obligará a los empleados públicos a capacitarse y rendir examen. Recibirán premios según los resultados y habrá evaluación de desempeño.
Volviendo al sondeo de la Universidad Austral, otro dato de interés lo representa el hecho de que en el actual gobierno haya crecido el número de altos funcionarios con títulos profesionales. Así, la totalidad de los actuales 22 ministros nacionales poseen formación universitaria. En el gobierno anterior ese porcentaje alcanzaba a 88. Si se consideran los gobernadores provinciales, hoy el 92% está diplomado, en tanto que en el gobierno anterior lo estaba el 88%.
Gerardo Sánchez Muñoz, profesor de la Escuela de Política de la Austral, destacó las carencias formativas que se ven en el ámbito de los intendentes bonaerenses, pues algunos sólo han cursado la escolaridad mínima obligatoria.
Por otro lado, en nuestro país se ha dado el caso de políticos que optaron por cursar estudios universitarios luego de haber obtenido cargos en el Estado. Es el caso de Daniel Scioli, que se graduó en Comercialización durante la campaña de electoral 2015; de Sergio Massa, que concluyó estudios de Derecho en 2013, y de Graciela Camaño, que terminó la carrera de Derecho en 2011.
Los obstáculos o problemas que se plantean en la vida política pueden ser de fluctuante solución, ya que en el curso de esa actividad obran factores ajenos a la capacidad o a los conocimientos. Así, por ejemplo, cualidades como el sentido de la oportunidad, la habilidad para la oratoria, el carisma o la audacia pueden decidir situaciones. No obstante, es de esperar que persista la percepción de la importancia de la formación superior que, sin ser decisiva ni única virtud deseable en todas las circunstancias, asegura un nivel de conocimientos y capacidades indispensables para el ejercicio de la función de gobierno. Y, desde ya, corresponde destacar algo bien sabido, pero a menudo olvidado: del gobernante se espera fundamentalmente una conducta respetuosa de los valores éticos y una calidad moral que garantice la confianza de los ciudadanos.
