La conversación social sobre valores sociales es una dimensión cada vez más importante en la gestión de la política y los asuntos públicos. En un interesante libro que analiza la acción de la comunidad LGBT en todo el mundo, el sociólogo francés Frédéric Martel sentencia: «Los países emergentes no emergen sólo por su democracia y su PBI, también emergen —algunos— a través de la lucha por los valores. […] La globalización no es sólo económica, también es una globalización de los valores».

Junto con un proceso de evolución tecnológica que ha democratizado la expresión y generado un sistema discursivo más igualitario, cabe reconocer, como característica central del escenario público posmoderno, el incremento de los recursos para la expresión del disenso. Esta redistribución del poder de crítica social posee consecuencias objetivas, que se desgranan en dos opciones: en primer lugar, la posibilidad de que nuevas voces críticas participen del escenario público y, en contrapunto con esto, el aumento de la contundencia de las voces mayoritarias.

En definitiva, el aumento de los recursos de expresión del disenso ha desembocado en una sucesión vertiginosa de controversias, en las que los agentes sociales se juegan su identidad pública y su posicionamiento. Cuando la transgresión pública afecta a valores centrales, se crean las condiciones iniciales para que un agente acusador —frecuentemente, expresión de una subjetividad pública organizada— agite a la opinión pública y se active un escándalo, lo que pone en riesgo la posición e, incluso, la supervivencia social del acusado. Sumado a esto, como los valores centrales están experimentando un proceso de cambio, los agentes públicos se mueven permanentemente en suelo inestable.

Dos casos de la actualidad reciente ilustran este proceso. Las declaraciones misóginas de Gustavo Cordera impactaron en un contexto de lucha contra la violencia de género y activaron un escándalo en las que el transgresor (otras veces cubierto por las licencias que otorga la identidad de rockero antisistema) perdió todo su crédito social y fue sancionado, denunciado, criticado por todos y, según dijo, hasta amenazado. Por su parte, el presidente Mauricio Macri detonó una controversia al utilizar la expresión «guerra sucia» y, según los denunciantes, legitimar el terrorismo de Estado. Al mismo tiempo, la polémica sobre el número de desaparecidos —tema que ya había costado muy caro al ahora ex ministro porteño Darío Lopérfido— expone también la relevancia del discurso para la expresión de valores sociales y el posicionamiento público de los agentes políticos.

La investigación desarrollada recientemente en los países nórdicos ha llamado a estos procesos talk scandals (escándalos de conversación). Las declaraciones pueden activar, como en el caso de Macri, un juicio crítico de descrédito, o, como en el caso de Cordera, un escándalo. El juicio de descrédito se daría si, ante unas determinadas declaraciones públicas, se produce un descenso o un cuestionamiento de la reputación del enunciador. En cambio, el escándalo —una explosión emocional negativa— surge cuando se viola un valor fundamental de la comunidad: «Su pensamiento o su conducta es un atentado contra la sustentabilidad de nuestra comunidad, por lo que no tiene derecho a expresar ese juicio, es un daño para nosotros, debe ser sancionado o expulsado».

En el marco de un proyecto de investigación sobre discurso público y tendencias sociales desarrollado en el Centro de Estudios en Comunicación Aplicada (CECAP) de la Universidad Austral, consideramos como agenda sensible a la confluencia de temas (issues), narrativas (discurso, valores y prácticas) y públicos activistas (agentes sociales) que crea una conflictividad latente habitual. Esta fórmula triple se expresa en la superposición de un tema socialmente problematizado, una cierta objetivación social de lo «correcto» en forma de criterios de discursos, valores y prácticas; y unos agentes formales e informales promotores del discurso, los valores y las prácticas, que son expresión de subjetividades públicas organizadas y actúan también como denunciadores de las transgresiones. Tanto la agenda de la violencia de género-promoción de la mujer como la de dictadura militar son ejemplos de este concepto y constituyen zonas semánticas de riesgo, porque la sociedad reconoce unos valores importantes que deben ser respetados, y existen grupos activistas que los promueven sistemáticamente, como el movimiento Ni Una Menos o la organización Madres de Plaza de Mayo.

La objetividad social de estos elementos es lo que condiciona las normas discursivas y los materiales en referencia a ese campo. Por eso, una falla en la enunciación respecto de esos temas puede detonar un escándalo público, a partir de las acusaciones de públicos específicos y la expansión del disenso hacia la sociedad general (si el disenso queda circunscrito a los activistas, entonces se da una controversia o un conflicto restringido a la élite, no lo que técnicamente se ha denominado escándalo público).

La dinámica de los medios del siglo XXI introduce a los agentes sociales en una conversación sin fin. Todo mensaje, todo evento y toda acción social se insertan y valoran en la conversación pública permanente sobre la actualidad. En ese juego de valores y críticas se construye la posición pública de los agentes sociales, los atributos y la imagen que redundan en la reputación. Los actos de habla constituyen un elemento central de la trayectoria moral de personas y organizaciones, y esto los sitúa ante el notable desafío de estar todo el tiempo aprendiendo el lenguaje de los cambios culturales y de los diversos públicos con los que quieren o necesitan conversar. Conocer las agendas sensibles es una condición no solamente del éxito, sino de la supervivencia de quienes forman parte del escenario público. Esto asigna a las subjetividades públicas una nueva relevancia en los procesos de cambios social y demanda, por parte de los agentes sociales, una racionalidad aumentada para la gestión del discurso público.

@JuanCannata