6 de junio de 2017
Marcela Flores, profesora de la Facultad de Derecho, especialista en derecho ambiental, opinó para Télam sobre: Un ambiente sano para garantizar la dignidad de la población.
Un ambiente sano para garantizar la dignidad de la población
En diciembre de 1972, la Asamblea General designó el 5 de junio como Día Mundial del Medio Ambiente, para sensibilizar a la opinión pública respecto de la necesidad de preservar y mejorar el medio ambiente. Sobre la necesidad de un ambiente sano para garantizar la dignidad de la población opinó para Télam Marcela Flores, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, especialista en derecho ambiental.
El 5 de junio de 1972, en Estocolmo se dio inicio a la Conferencia sobre Medio Ambiente Humano convocada por Naciones Unidas con la necesidad de establecer un criterio y principios comunes que ofrezcan a los pueblos del mundo inspiración y guía para preservar y mejorar el medio ambiente humano. Como consecuencia de tan importante acontecimiento, seis meses más tarde, la Asamblea General de Naciones Unidas definió que todos los años, el 5 de junio, debe conmemorarse el Día Mundial o Internacional del Medio Ambiente con actos y actividades de entidad suficiente que contribuyan a crear conciencia sobre la necesidad de lograr la protección y mejoramiento del ambiente. Para ello, se instó a los gobiernos y demás organizaciones de Naciones Unidas para que lo celebren como un día de sensibilización, a los fines de que la opinión pública sea capaz de apreciar su importancia y reaccionar tomando acciones en pos de la preservación del ambiente, lograr un desarrollo sostenible y consecuentemente respetar la vida de todos los seres y las cosas que contribuyen o sirven a los mismos.
Si bien crear una conciencia social sobre la preservación del ambiente con participación ciudadana no es una empresa sencilla que se pueda lograr sólo conmemorando su día, esta celebración coadyuva a reafirmar el tema en las agendas gubernamentales e invita a la sociedad en su conjunto a reflexionar. Por ello, realizar actos formales todos los años este día resulta muy importante, no sólo porque demuestra que el tema está instalado en la sociedad, sino también porque la participación de la sociedad en los mismos sirve como indicador para conocer cuál es el interés real o grado de aceptación que el tema posee en la sociedad.
De todas formas, resulta claro que la acción esencial para lograr una conciencia colectiva efectiva y duradera sobre la necesidad de generar cambios profundos de conducta para preservar el ambiente con desarrollo sostenible, es a través de la educación -formal e informal-. La acción de educar es fundamental para formar personas decididas a invitar a toda la sociedad a tener un conocimiento claro y reflexivo sobre los problemas existentes e intentar superarlos desde el lugar que ocupen en la sociedad. Para ello, resulta necesario entre otras cosas, que la legislación y acciones gubernamentales recepten, hagan efectivo y apoyen este postulado. En este sentido, recientemente -el 25 de septiembre de 2015-, la Asamblea General de Naciones Unidas fijó la agenda 2.030, que contiene diecisiete objetivos de desarrollo sostenible, entre los que se destaca la necesidad de garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad a los fines de promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos.
Contar con una sociedad en la que la alfabetización sea universal, con acceso equitativo y generalizado a una educación de calidad en todos los niveles, siempre redundará en el bienestar físico, mental y social de las personas, logrando asimismo perseguir -y en algún momento alcanzar- un equilibrio en las tres dimensiones del desarrollo sostenible (económico, social y ambiental).
En nuestro país la mayoría de las Constituciones Provinciales reconocen la necesidad de tomar acciones en defensa del ambiente, incluso algunas con anterioridad al establecimiento de los derechos y garantías ambientales introducidos en la reforma de la Constitución Nacional en 1994. Con dicho reconocimiento, no se hizo otra cosa que garantizar el derecho constitucional de protección del derecho a la vida, habiéndolo objetivado dentro de un marco legal para lograr la progresiva formación de una conciencia social cargada de valores éticos tendientes a lograr un desarrollo sostenible, y a la vez pretendiendo desplazar la indiferencia ciudadana en cuanto a la preservación del ambiente.
De esta forma los constituyentes nacionales y provinciales establecieron las obligaciones del Estado a los fines de lograr la protección del derecho al ambiente sano mediante la utilización racional de los recursos naturales, la preservación del patrimonio natural y cultural, la diversidad biológica, y el acceso a la información y educación ambiental. Así, volviendo a la necesidad de crear una conciencia social, se recalca que en las mandas constitucionales se encomiendan en este sentido dos obligaciones esenciales y complementarias, la obligación de educar a la población y la de brindar libre acceso a la información ambiental, para que todos los habitantes puedan gozar del derecho a participar en la toma de decisiones de los órganos de gobierno.
En definitiva concluyo, educar y concientizar para perseguir el logro de un desarrollo sostenible con equilibrio y razonabilidad, es hacer hincapié en el cumplimiento de la legalidad, que como garantía constitucional asegura que los poderes públicos al reglar la libertad del individuo, han de hacerlo con mesura, respetando la proporcionalidad de las consecuencias de su actuación para gozar de un ambiente sano y el bienestar socioeconómico que le permita a toda la sociedad y su descendencia vivir en forma digna.
