1 de mayo de 2018
Los jueces apelan a las normas ISO para certificar su calidad
María Gattinoni, directora ejecutiva de la maestría en Magistratura y Derecho Judicial, fue consultada por La Nación sobre la certificación ISO de los organismos judiciales.
Nadie discute la extrema necesidad de auditorías en la Justicia, no solo para lograr más transparencia, sino también para mejorar el servicio de cara al ciudadano. Es por ello que desde el Programa de Calidad Institucional del Ministerio de Justicia de la Nación impulsan a los organismos judiciales de todo el país a obtener la certificación de normas ISO 9001/2015 y, luego de dos años de trabajo, un total de 89 obtuvieron la certificación o se encuentran en proceso.
«Trabajamos para brindar un mejor servicio al ciudadano, para estandarizar los procesos, optimizar los tiempos y eliminar los pasos innecesarios. Las normas ISO 9001 establecen estándares internacionales de calidad neutros y objetivos, que previenen las discrecionalidades», dijo a LA NACION Sandra Dosch, coordinadora del Programa de Calidad Institucional del Ministerio de Justicia.
Misiones, Mendoza, San Juan, San Luis, Córdoba, Corrientes, Tierra del Fuego, Salta, Santiago del Estero y Entre Ríos son algunas de las provincias que ya firmaron convenios con la cartera del ministro Germán Garavano y cuentan con organismos judiciales certificados y en vías de certificación.
Tribunales federales
Los jueces de Comodoro Py no se quedaron atrás. El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4, a cargo de Ariel Lijo, obtuvo el certificado en marzo del año pasado. Luego le siguieron la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Mariano Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Gustavo Hornos; y el juzgado federal de Marcelo Martínez Di Giorgi, que lo obtuvieron en marzo de este año. Por su parte, Sebastián Ramos, el titular del Juzgado N° 3, está en proceso para obtener la certificación.
Incluso, en el último tiempo se firmaron convenios con el Consejo de la Magistratura de la Nación, la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos de la Corte Suprema -conocida como la oficina de escuchas- y próximamente con la Procuración General de la Nación, que supo manejar Alejandra Gils Carbó y actualmente está a cargo de Eduardo Casal.
La entrega del certificado de parte del Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) es la culminación de un entrenamiento previo en el que el organismo judicial debe trabajar a la par con equipo del Ministerio.
Los integrantes del organismo seleccionado deben registrar todo el trabajo, para luego evaluar los puntos débiles y establecer objetivos para superarse. Tras una auditoría interna a cargo del Ministerio de Justicia y otra externa a cargo del IRAM, llega el certificado.
«Los resultados son reales», destacó Dosch. En ese sentido, los protagonistas señalaron como mejoras, entre otras cuestiones, el aumento del nivel de satisfacción de los usuarios, el incremento de los ingresos digitalizados y la reducción de los tiempos procesales.
«La idoneidad que tiene que tener una persona para trabajar en el Justicia no se limita a una idoneidad científico-técnica, sino que también incluye una idoneidad ética que tiene que iluminar todo el trabajo y hasta una idoneidad gerencial. Esta última le va permitir manejar indicadores de calidad para controlar los resultados y establecer metas», dijo a LA NACION María Claudia Gattinoni, directora ejecutiva de la maestría en Magistratura y Derecho Judicial de la Universidad Austral.
«En el nuevo paradigma del juez esta capacitación en gestión y control es absolutamente imprescindibles. Es importante que los jueces estén abiertos y que haya criterios comunes para poder hacer políticas públicas en función de esos datos», concluyó.
Este jueves y viernes, tendrá lugar un encuentro coordinado por el Ministerio de Justicia con magistrados de todo el país donde se expondrán los resultados del programa y se motivarán a los presentes a participar del proceso.
Por: María Belén Álvarez Echazú
