14 de agosto de 2020
A 1 año de la implementación del Sistema Acusatorio: la experiencia de Salta y Jujuy
El departamento de Derecho Penal organizó una Jornada para analizar y compartir perspectivas sobre el nuevo Código Procesal Penal Federal, a un año de su implementación en las provincias de Salta y Jujuy.
El encuentro contó con la presencia de dos de sus grandes impulsores: Germán Garavano, exministro de Justicia de la Nación, y Carlos González Guerra, Dir. Ejecutivo del Departamento de Derecho Penal de la Austral.
En su exposición, que dio inicio a la actividad, Garavano enmarcó esta reforma dentro de un proceso ambicioso y estratégico que se denominó Justicia 2020. Sobre este proceso destacó su carácter participativo: “intervinieron miles de personas de diferentes sectores, abogados, estudiantes, magistrados, ONG, y se dialogó abiertamente con la oposición”. Además, el exministro destacó la mirada integral del proyecto en el que se diseñó una serie de reformas, como la Ley de Flagrancia, la figura del arrepentido, la incorporación de tratados como los vinculados a la Convención de Budapest sobre la prueba en entornos digitales y delitos informáticos y la Ley de Víctimas, entre otros tantos, que facilitaron el proceso de implementación del nuevo Código: “se hizo por primera vez, creo, en nuestro país, un abordaje integral del sistema de justicia penal”.
Sobre la puesta en funcionamiento del Código, Garavano se mostró satisfecho porque “logró no solo no tener inconvenientes (…) sino que además rápidamente logró mostrar resultados bien concretos en términos de transparencia, solución de conflictos y efectividad a la hora de perseguir delitos complejos”.
A un año de esos primeros pasos, Garavano lamentó “que no se haya avanzado con el programa que se había fijado y que se estaba discutiendo en la comisión bicameral, que tenía que ver con la implementación en la jurisdicción en la Cámara Federal de Rosario y en la Cámara Federal de Mendoza, porque eso nos hubiera permitido acercarnos a la zona más difícil de implementación que es el conurbano bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires.”.
Carlos González Guerra, por su parte, profundizó el análisis sobre el Código Procesal Penal y su implementación. En primer lugar, marcó una particularidad del Código, que es su limitación a los delitos federales. En este sentido, destacó el trabajo realizado en la Ley 27063 sobre las técnicas especiales de investigación, como el agente encubierto y el informante.
Otros puntos importantes de esta reforma, que resaltó el Académico, fue la de determinar criterios o pautas objetivas para las medidas cautelares; los procedimientos especiales entre los que están el acuerdo de colaboración; los procedimientos relativos al sistema juvenil, y finalmente el procedimiento en el ámbito de las personas jurídicas.
Al recordar el camino transitado, González Guerra recordó algunas aristas conflictivos relativos al Colegio de Jueces, la oficina judicial y el actual artículo 297 que tiene que ver con el interrogatorio y con la posibilidad de que los jueces hicieran preguntas.
Para finalizar, el profesor de Derecho Penal contó el principal motivo por el que se suspendió la implementación del Código, en diciembre de 2015. Según confió “estaba previsto comenzar en la Ciudad de Buenos Aires en marzo de 2016 pero no estaban dadas las condiciones, en absoluto, para poder hacer esa implementación”. El docente aclaró que este cambio de implementación territorial -que significó el cambio de la Ciudad de Buenos Aires por Salta y Jujuy- se vio complementado por una implementación temática “algunos de los aspectos del sistema acusatorio se aplicarían en todo el país y no solo en Salta y Jujuy”. De esta implementación temática, González Guerra destacó dos puntos fundamentales “aquellos que tienen que ver con el inciso 6 del artículo 59 del código penal que son las medidas alternativas a la solución de conflictos” y “los criterios objetivos para la determinación de la prisión preventiva”.
Al concluir, González Guerra dio pie a los expositores, quienes contaron, cada uno desde su rol, cómo fue en la práctica la transición de un sistema a otro. La perspectiva de los magistrados estuvo a cargo de Mariana Catalano, jueza de la Cámara Federal de Salta, y Juan E. Cicciaro, juez de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional.
Por el Ministerio Público Fiscal quienes aportaron su mirada fueron Eduardo Villalva, Fiscal Federal de Salta; Mario Villar, Fiscal General ante la Cámara Federal de Casación Penal; Juan María Rodríguez Estévez, profesor de Derecho Procesal Penal de la Universidad Austral y Juan Manuel Olima, secretario de Coordinación Institucional de la Procuración General de la Nación.
El último panel buscó atender a los desafíos para la Defensa. Disertaron aquí Clarisa Galán, Defensora Pública ante la Justicia Federal de Salta; Mario Laporta, profesor titular de Derecho Penal y de Litigación Penal de la Universidad Austral, y Santiago Ottaviano, Defensor Público Oficial ante la Justicia Criminal y Correccional.
La Jornada se desarrolló el 30 de julio por la tarde, a través de Zoom, dadas las medidas de aislamiento social que rigen en el país. Las exposiciones pueden volver a verse en el siguiente video:
